Cuando una persona servidora pública engaña o se aprovecha de un error o una situación para beneficiarse.
Ejemplo:
Una persona servidora pública responsable de administrar un contrato entre la institución y una empresa privada, se percata de que se entrega una mayor cantidad de bienes y decide no informar ni devolverla, en lugar de esto, se adueña de los bienes “sobrantes” y se beneficia del error.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 120 días de salario de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 386 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública destruye, utiliza o se apodera intencionalmente de un objeto sin el consentimiento de la persona a quien le pertenece.
Ejemplo:
Una persona servidora pública tiene problemas económicos y, desesperada por superar esa crisis, toma el celular de otra persona sin su consentimiento para venderlo y pagar sus deudas.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 10 años de prisión y 1,000 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 367 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública sin autorización modifica, destruye, copia o provoca la pérdida de información de sistemas o equipos protegidos por el Estado.
Ejemplo:
Una persona servidora pública copia del equipo de su superior jerárquico una base de datos con información confidencial, para venderla a un despacho de cobranza.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 8 años de prisión y 900 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 211 Bis 3 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública solicita o acepta dinero o cualquier beneficio para hacer algo indebido u omitir alguna de sus funciones.
Ejemplo:
Una persona servidora pública recibe un sobre con dinero, en el que se le pide realizar un trámite en beneficio de otra persona y accede a la petición.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 14 años de prisión y 150 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 222 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública falsifica una firma, rúbrica o aprovecha que estén en blanco; altera el contexto de un documento verdadero; elabora placas, gafetes o cualquier identificación oficial sin autorización; expide un testimonio supuesto de documentos que no existen; alienta a la firma de un documento público sin saber su contenido; expide una certificación de hechos falsos o avala algo que no está comprobado.
Ejemplo:
Una persona servidora pública obtiene la firma de su superior jerárquico para formalizar un trámite, y altera el documento para beneficio suyo o de alguien más.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 540 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 243 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública exige dinero, valores, servicios o cualquier cosa indebida o en cantidad distinta a la que señala la ley.
Ejemplo:
Una persona servidora pública que por sus funciones notifica el pago de impuestos, y solicita una mayor cantidad a la señalada por la ley.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 150 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 218 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora haga u omita algo que provoque daño o conceda una ventaja indebida; retarde o entorpezca con intención o por descuido la administración de justicia.
Ejemplo:
Una persona servidora pública indica a su equipo de trabajo visitar un domicilio para practicar un cateo, pero esta acción no se apega a las condiciones que impone la ley; los colaboradores por indicación de su superior jerárquico se presentan y se identifican como personas servidoras públicas a nombre de la institución para realizar el procedimiento, aunque está fuera de la ley.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 10 años de prisión y 1,100 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 225 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública ejerce las funciones de un empleo, cargo o comisión sin tomar posesión legalmente, sin satisfacer los requisitos legales o después de que se le revocara el nombramiento, se le suspendiera o destituyera; cuando sustraiga, destruya, oculte, utilice o dañe información o documentación a la que tenga acceso. Si tiene el cargo o comisión de custodiar, vigilar, proteger o monitorear a personas, lugares, instalaciones u objetos y daña de cualquier forma alguno de estos.
Ejemplo:
Por cambio de administración se presenta personal nuevo considerado el “equipo de transición”. Algunos nuevos elementos son de confianza de la nueva persona titular de la institución, y como parte de sus acciones destituyen a una persona servidora pública que lleva años laborando en la institución, sin embargo, el equipo de transición no tiene un cargo formal ni ningún tipo de nombramiento que le permita operar acciones de este tipo.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 7 años de prisión y 150 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 214 del Código Penal Federal.
Cuando una persona servidora pública utiliza su cargo de manera ilegal para otorgar cualquier concesión sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios que produce o presta la Administración Pública Federal; realiza o contrata servicios con recursos públicos; niega el otorgamiento o contratación de operaciones aun cuando se cumple con los requisitos establecidos en la normatividad; aun cuando es responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato no cumple con esa labor.
Ejemplo:
Una persona servidora pública es responsable de la administración y resguardo de un inmueble que pertenece a la nación, y decide otorgar una concesión a una tercera persona para ocupar cierto espacio dentro del inmueble y usar las instalaciones para actividades comerciales sin convenio, contrato o sin pago de derechos.
Por esta conducta, puede ser procesada y sentenciada con hasta 12 años de prisión y 150 días multa de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 217 del Código Penal Federal.
Son empresas legalmente constituidas que simulan actividades empresariales, sin contar con la infraestructura para producir bienes o servicios. O bien, constituyen fachadas corporativas para defraudar o evadir la aplicación de la ley.
Ejemplo:
Un grupo de personas crean la empresa “Fantasma S.A. de C.V.” que ofrece servicios de limpieza.
El domicilio registrado por la empresa es una vivienda habitada por una familia donde no se localizan trabajadores, maquinaria, productos de limpieza ni herramientas de trabajo para brindar los servicios de limpieza que ofrecen.
Las personas dueñas o socias legales de esta empresa, voluntaria o involuntariamente, fungieron como prestanombres para crear la empresa, de esta manera los verdaderos dueños y administradores del dinero que ingresará a las cuentas bancarias de la empresa, no se involucran directamente.
Los verdaderos dueños y administradores de la empresa Fantasma, S.A. de C.V., crearon varias empresas con el mismo esquema para transferir dinero entre ellas y cometer fraude. Por lo regular, estas empresas comparten domicilio, cuentas bancarias y representantes legales.
¿Cómo operan? Celebran contratos con otras empresas e incluso con entidades gubernamentales. Mediante estos contratos “justifican” el cobro por servicios prestados y emiten las facturas correspondientes, por lo que todo parece normal; sin embargo, dichos servicios no fueron prestados o se prestaron parcialmente, ya que la empresa “Fantasma, S.A. de C.V.” no cuenta con la infraestructura técnica ni humana para realizar el servicio y no existe evidencia que demuestre la prestación de los servicios.
Son entidades que realizan operaciones simuladas para recibir un beneficio fiscal presentando facturas sin realizar algún servicio o entregar bienes originalmente establecidos en el comprobante fiscal.
Ejemplo:
La empresa “Ficticia X, S.A.” lucra con la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales por bienes o servicios que en la realidad nunca ocurrieron, es decir, emite facturas falsas.
La empresa “Ficticia X, S.A.” es un EFO, ya que es una persona física o moral, que emite facturas a otros contribuyentes conocidos como empresas que deducen operaciones simuladas o “EDOS”, que simulan operaciones que nunca existieron y así estos contribuyentes puedan deducir los montos amparados en dichas facturas reduciendo su contribución del impuesto sobre la renta (ISR) y no enterar el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente.
El objetivo de la empresa “Ficticia X, S.A.” es cobrar un porcentaje de las facturas emitidas por bienes o servicios inexistentes o lavar dinero, lo que la convierte en EFO.
Se puede presumir que una persona física o moral es EFO si no se localiza en su domicilio fiscal.
Dado que las operaciones de las empresas “Fantasma, S.A. de C.V.” y “Ficticia X, S.A.” afectan la recaudación de impuestos federales, cuando el SAT detecta que se emiten comprobantes sin contar con la infraestructura, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, considera que las operaciones que amparan son inexistentes.
Este ilícito se sanciona con hasta:
• Nueve años de prisión (Artículo 113 Bis CFF).
No seas víctima o cómplice, consulta la lista de empresas identificadas por el SAT en atención al Artículo 69-B del CFF en:
Sitio de Estadística (sat.gob.mx)
Son empresas que adquieren un comprobante fiscal, con el cual pretenden comprobar gastos que sean deducibles en su declaración, e incluso solicitar devolución de saldos a favor.
Este ilícito se sanciona con hasta:
• Nueve años de prisión (Artículo 113 Bis CFF).
Ejemplo:
Son personas o empresas que compran las facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales de las EFOS simulando un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos.
La empresa “Ficticia X, S.A.” para efectos de su declaración fiscal requiere acreditar ante el SAT gastos que justifiquen deducciones y evitar o disminuir el pago de impuestos y, de ser posible, reclamar ante el SAT una devolución de impuestos.
La finalidad de las EDOS es deducir el monto total de la factura que compran. A cambio, solo pagan al EFO un porcentaje de su valor y de esta manera logran el balance contable deseado para evadir el pago de impuestos.